El aparato institucional del estado Colombiano está en confrontación con las demandas sociales; al día de hoy se niega a reconocer al campesinado como un grupo con unas condiciones sociales e históricas de discriminación, con una identidad en relación con la tierra y el territorio, históricamente vulnerado tanto por la guerra como por el modelo de desarrollo económico que requiere de medidas especiales para el goce de sus derechos, de igual forma se niegan a reconocer a la mujer campesina y su aporte a la economía nacional como sujeto que tiene unas condiciones de vulnerabilidad, y con grandes afectaciones por el conflicto armado. Por ello, la misma institucionalidad Estado, termina generando, desde su aparato jurídico y político, exclusión, discriminación y violencia hacia el campesinado y más, sobre la mujer campesina.